El número de países se incrementa cada vez más al hablar de la regulación de las criptomonedas o la creación de una moneda digital propia. Nadie quiere quedarse fuera de las nuevas tecnologías y muy probablemente lleguen a ser dominantes en un futuro no muy lejano.
En Uruguay, el crecimiento de las monedas digitales es un fenómeno que se encuentra cada vez más presente y es más habitual su uso entre los ciudadanos.
Es por eso que el Banco Central de Uruguay (BCU), mediante su programa de innovación financiera Nova BCU, publicó un documento que tiene como objetivo preparar el terreno frente a una posible normativa en la materia en Uruguay.
¿Cuál es la finalidad del documento?
“Marco conceptual para el tratamiento regulatorio de los activos virtuales en Uruguay”, es el nombre del documento donde el BCU cumple con una de sus finalidades más importantes: lograr la estabilidad de precios, regular y supervisar el funcionamiento del sistema de pagos y el sistema financiero nacional, sin dejar afuera este fenómeno en expansión que es el de las monedas virtuales.
El mismo fue confeccionado a través de un intercambio con diferentes sectores que se tornan protagonistas a la hora de pensar nuevas normativas. Estos son el sector financiero, proveedores de servicios de activos virtuales, empresas de software, estudios jurídicos, consultoras, organismos públicos, representantes de la academia y reguladores de otras jurisdicciones.
Allí se explica el marco conceptual sobre la categoría de los distintos instrumentos y sus operativas. La elaboración del mismo se vio impulsada por el rápido crecimiento y expansión de la materia tanto a nivel nacional como internacional. Por eso, a partir del documento se busca brindar mayor claridad y certidumbre con el fin de que su desarrollo en el mercado local sea beneficioso, así como su utilización en los distintos servicios financieros sean seguros.
Se menciona también que los activos virtuales podrían ser una “fuente importante de riesgo para la estabilidad de precios y financiera, comprometiendo los objetivos de promoción de la solidez, solvencia, eficiencia y desarrollo del sistema financiero y de pagos”.
Por lo que el BCU agrega que a pesar de que la incorporación de los activos virtuales en “su escala actual y su relacionamiento con el sistema financiero formal es relativamente bajo, la creciente atención y el explosivo crecimiento en los últimos tiempos a nivel mundial determinan su inminente atención a nivel doméstico”.
Esta es una de las razones por la que se advierte que sin un marco eficiente de protección, se podrían llegar a dar potenciales fraudes y estafas utilizando activos virtuales, así como ataques cibernéticos, que podrían hacer ir a perdida tanto a inversores como a usuarios (hablando desde el punto de vista económico, como también en materia de datos personales).
¿Qué beneficios traería la regularización?
La regulación trae consigo distintos beneficios, entre ellos “un correcto uso de los activos virtuales” para “la eficiencia e interoperabilidad de los mercados de valores y sistemas de pago”.
A pesar de la incertidumbre ante este escenario de avance tecnológico en el sector financiero, es necesario establecer reglas claras, balanceadas y proporcionales a los riesgos identificados para generar un marco de riesgos controlados, considerando la protección de los usuarios y orientada al sano desarrollo de los mercados, según declara el BCU.
En resumidas cuentas, el documento es una manifestación que define e identifica, qué activos virtuales formarían parte de sus asuntos y cuáles no. Un activo virtual es definido como “una representación digital de valor o derechos contractuales que puede ser almacenada, transferida y negociada electrónicamente mediante tecnologías de registro distribuido o tecnologías similares”.
En este sentido, se identifican cuatro subtipos de activos virtuales: valores, de utilidad, estables y de intercambio, los cuales presentan diferencias y utilidades diversas.
El foco principal de la regulación es sobre la actividad comercial que se genera alrededor de los activos virtuales. Es decir, que esta impactaría en los distintos servicios que los involucran.